El lobby de Chiletabacos

Informe de la OPS acusa lobby de parlamentarios y detalla estrategias de la megaempresa del rubro:

Todo el poder de Chiletabacos en el Congreso

Mientras el Senado discute la nueva Ley de Tabaco, la investigación del organismo internacional advierte sobre los tropiezos y zancadillas que sufrió la antigua normativa. Aquí la historia e influencia de la principal compañía del rubro en nuestro país. Sin filtro.

Ermy Araya M.
LA NACION

La próxima semana la Comisión de Salud del Senado deberá analizar en particular cada uno de los artículos de la nueva Ley de Tabaco. Ésta incluye medidas mucho más drásticas que las contenidas en la normativa anterior que data de 1995, casi todas propuestas por el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una investigación realizada el año pasado por la Fundación Centro de Investigación y Promoción de la Salud y Sexualidad chileno, Cipress, por encargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), deja claro que las redes económicas, políticas y sociales de Chiletabacos -la principal empresa del rubro- son como piezas de ajedrez. Y muchos han colaborado en sus jaque mate.
La Nación tuvo acceso exclusivo al documento denominado “La industria tabacalera en Chile”. La idea de la OPS era establecer las posibles estrategias que desplegarían para neutralizar la ratificación del Convenio Marco, que finalmente firmó nuestro país en marzo pasado. Pero también, utilizarlo como una “cartita bajo la manga”, en caso de que no se cumplieran los acuerdos asumidos por Chile.

Un mal inicio

La historia legislativa de la Ley de Tabaco Nº 19.419 -aprobada y promulgada el 22 de septiembre de 1995- y el proceso regulatorio posterior, partieron mal.
El informe de la OPS dice que “la estrategia de la industria tabacalera fue dilatar y postergar el proceso durante varios años”. Y en muchos casos, la influencia de Chiletabacos sólo puede deducirse por las actuaciones de terceros.
La propuesta de ley original introducida el 30 de agosto de 1990, tenía una serie de elementos contundentes para el control del tabaquismo en Chile. Entre ellos se prohibía el auspicio o patrocinio de la industria tabacalera en acciones culturales, sociales o deportivos; la venta de cigarrillos a menores de edad, contar con advertencias que cubriera por lo menos el 20% de la superficie de las cajetillas, entre otros.
El documento internacional señala que desde un inicio, las votaciones en el Senado donde fue introducida la moción de ley, fueron contundentes a favor de la propuesta de legislar. Sin embargo, hubo varias señales de que el peregrinaje de la propuesta legislativa por el Congreso Nacional, resultaría más que accidentado.
Mientras los que planteaban las restricciones eran casi todos médicos -liderados por los DC Mariano Ruiz Esquide de la VIII Región y Nicolás Díaz de la VI Región- los que defendían la industria representaban un amplio abanico de intereses y sectores: trabajadores, publicistas, comerciantes, dueños de bares, hoteles y restaurantes, además de los legisladores fumadores.
Todos ellos se hicieron oír en el transcurso de los años que duró el proceso legislativo.
Cinco años más tarde, el 8 agosto de 1995, la Ley 19.419 sufrió cambios abismantes: el requisito que la advertencia ocupara el 20% del envoltorio fue eliminado por veto del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. La prohibición de que la empresa patrocinara eventos deportivos, educativos y culturales, fue eliminado. Y la prohibición de venta a menores y de cigarros sueltos: eliminado.

La mano invisible

El documento de la OPS detalla que Chiletabacos estableció claramente sus posiciones en contra de varios aspectos de la ley. Argumentó que la carga impositiva ya era muy alta, y que la empresa ya aportaba grandes sumas de dinero al fisco. Esto sumado al derecho a operar legalmente en la producción y comercialización de un producto lícito, que además era la fuente de trabajo para unos 700 empleados.
El senador DC Ricardo Hormazábal representó la postura defensora de los “placeres inocentes” de la vida. Reclamando una supuesta “corriente de asepsia” que recorre el país y que apunta a “abstenerse de todo”, insistió en que las restricciones sobre el consumo de tabaco apuntaban a su eventual prohibición e implicaban una discriminación en contra de los fumadores como él.
Incluso comparó a los promotores de acciones antitabaco, con las personas que discriminan a las personas con VIH/Sida y “quieren prohibir todo”.
Otro de los defensores acérrimos de las tabacaleras fue la senadora designada Olga Feliú, cuyo marido era abogado de Chiletabacos en esa época, según informó el senador Nicolás Díaz en una entrevista.
El informe acusa que la honorable actuó como vocero extraoficial de la empresa durante todo el proceso, buscando dilatar cada procedimiento. Planteó argumentos contrarios a cada punto y votó en contra de cada indicación. Perdió en casi todas las instancias, aunque ocasionalmente sus argumentos tuvieron eco entre otros legisladores.
Otro de los aspectos que se registran en el estudio del organismo internacional es el debate insólito que se produjo respecto a la prohibición de la publicidad en los estadios. Varios senadores plantearon el caso hipotético de que canales extranjeros transmitieran eventos que la televisión nacional no exhibiría por la nueva ley.
El senador y actual presidente de RN, Sergio Diez, advirtió que las multas propuestas en estos casos serían “la destrucción de Televisión Nacional”.
Peor aún, el entonces senador RN por Santiago, Sebastián Piñera, enfatizó que los jóvenes eran más maduros que los mayores, porque fumaban menos. Agregó que ya que no era principalmente la juventud la que asistía a los estadios deportivos, no tenía sentido prohibir la publicidad en ellos. ¿Por qué no prohibir la publicidad en los conciertos de Rod Stewart?, preguntó el senador, insistiendo en que las restricciones a la publicidad no funcionaban, porque los fondos simplemente se trasladaban a otras áreas.
El ex diputado DC Juan Carlos Latorre, también representante de una zona productora de tabaco, hizo referencia al “chiste de don Otto, que vendió el sofá para evitar la infidelidad de su mujer”. La publicidad en los estadios no tiene efecto alguno en el consumo, dijo.
Apelando al doble estándar operante en esta materia, el diputado UDI Patricio Melero sostuvo: “No creo que deba ser el rol del Estado el de restringir la libertad de los chilenos a tener acceso a una determinada publicidad”.
Finalmente, se hizo sentir la presión de los mismos fumadores dentro de la institución. Cuando la diputada UDI María Angélica Cristi propuso incluir al Congreso Nacional en las normas de restricción del humo secundario, la petición fue rechazada. LN

LOBBISTAS

Enrique Correa.
Vinculado al Partido Socialista, es dueño y director de la consultora Imaginaccion, ex Correa & Correa.
Es lejos el lobbista con más conexiones en el mundo político y empresarial y de mayor talento negociador en el ámbito público-privado de las regulaciones.
Fue ministro Secretario General del Gobierno durante el gobierno de Patricio Aylwin y en 1999 fue llamado a representar las inquietudes de Chiletabacos ante el Gobierno, por una eventual querella. El abogado Juan Agustín Figueroa fue quien lo recomendó.
Según versiones periodísticas la presencia de Correa fue fundamental en la decisión del gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle de aplazar y eventualmente descartar una demanda contra las tabacaleras.
Es licenciado y profesor de filosofía de la Universidad Católica, se desempeñó como director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y fue consultor del Banco Interamericano del Desarrollo, BID. También ha prestado labores de consultoría al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como también a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Actualmente es el asesor principal del ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, vinculado al caso MOP-GATE.
También mantiene amistad con la ex canciller Soledad Alvear, a quien asesoró ad honorem y promocionó como candidata a la presidencia.
Es amigo personal del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, mantiene excelentes relaciones con el ex ministro del Interior José Miguel Insulza y es miembro del directorio de Fundación Paz Ciudadana.

Juan Agustín Figueroa.
Abogado egresado de la Universidad de Chile. En 1999 realizó un informe en Derecho para abogados de British American Tobacco (BAT), quienes visitaron Chile ante una posible querella contra las tabacaleras por parte de los ministerios de Salud y Secretaría General de la Presidencia, a instancias del abogado Jorge Schaulsohn.
Masón y miembro histórico del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). Es reconocido por su habilidad política y su transversalidad a la hora de establecer contactos y redes en el mundo político, cultural y empresarial.
También es miembro del Tribunal Constitucional y socio del empresario Ricardo Claro.
El bufete jurídico de Figueroa, Figueroa & Coddou Asociados, está entre los más caros del país y es solicitado por el mundo privado y público.

Miguel Alex Schweitzer.
Es abogado del ex dictador Augusto Pinochet desde 1998 y muy cercano al círculo de poder de la UDI.
En 1999 señaló a un medio de comunicación, que Chile no tendría posibilidad alguna de ganar una demanda contra las tabacaleras en EEUU, lo cual fue comunicado al gobierno a través del actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
ABOGADOS
El bufete jurídico Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz es uno de los conglomerados de influencias de alto vuelo de la derecha chilena.
Fundado en 1980, lo integra Jovino Novoa, senador y actual presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI).
Otro de sus socios es Hernán Felipe Errázuriz, quien fue canciller y luego embajador en los Estados Unidos durante la dictadura; y Roberto Guerrero del Río, rector de la Univesidad Finis Terrae y miembro del directorio de Chiletabacos.
El estudio cuenta con una extensa lista de clientes. Entre ellos destacan la Universidad Finis Terrae, vinculada a la UDI y la congregación ultracatólica Legionarios de Cristo, la suministradora eléctrica Endesa y Telefónica de Chile.
La firma destaca la experiencia de sus abogados en entidades gubernamentales y autónomas, tales como el Banco Central, el Comité de Inversiones Extranjeras y la Superintendencia de Valores y Seguros, así como también en bancos y empresas. “De este enorme círculo de relaciones y de su conocimiento de primera de primera mano del tema regulatorio, se desprende la capacidad del bufete de utilizar sus nexos en los sectores público y privado a la hora de defender los intereses de sus clientes”, concluye el informe de la OPS.

(Ermy Araya es periodista. Escribe para La Nación y se ha especializado en temas de Salud. Este artículo, publicado el 30 de mayo de 2005, provocó una insólita reacción de la oficina chilena de OPS que intentó desmentir el contenido del informe tras algunas llamadas del ministerio de Salud)