Ley Antitabaco vive horas cruciales en el Tribunal Constitucional antes de su promulgación

Por Víctor Hugo Durán

Horas claves está viviendo la Ley Antitabaco despachada por el Congreso Nacional hace menos de un mes. La nueva normativa debe superar su último escollo antes de convertirse en ley: el Tribunal Constitucional.
En los últimos días el cuerpo legal entró a su análisis a este organismo que debe visar si se cumple o no con los lineamientos de la Constitución. De hecho, para este martes 11 de abril está previsto que los integrantes del TC revisen la norma.
El pronunciamiento de esta instancia es vital, pues mientras no culmine esta fase, la iniciativa no puede ser promulgada y, por lo tanto, no es ley. Y la mayoría de los articulados comienzan a regir 90 días tras la publicación en el Diario Oficial.
Una de las preocupaciones en esta tramitación radica en que el presidente de la instancia, el abogado José Luis Cea, ya se pronunció en forma contraria a las restricciones al tabaco. En 1995, durante la tramitación de la antigua ley, Cea no integraba el TC y redactó un informe en derecho en el que hacía duros cuestionamientos de constitucionalidad. Uno de ellos era la incorporación de un artículo que fijaba en 10% el tamaño que debían tener las advertencias del daño que provoca el tabaco.
Durante la discusión de la ley actual, la industria del tabaco argumentó que era inconstitucional que se obligara a poner advertencias del daño del tabaco en las caras frontales de la cajetilla, pues ellos eran los propietarios de las marcas y que no tenían cómo comunicarla a los consumidores si se ponía una advertencia en ambas caras principales.
Entre los entendidos en el tema, existe temor de que Cea repita su rechazo a las restricciones contempladas en la ley y que forman parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo, es una interrogante el peso que pueda tener su opinión en los otros integrantes en la última fase de tramitación de la norma.
A las advertencias en la publicidad se suman otros dos temas polémicos: la prohibición total de la publicidad, que según la tabacalera afecta su "derecho a informar sobre un producto legal" y la prohibición de venta a 100 metros de los colegios, lo que según la industria es una discriminación en desmedro de algunos comerciantes. En ambos casos, la industria ha señalado que se afectan garantías constitucionales.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado reclamaciones en el TC referidas a la constitucionalidad de la norma. Chiletabacos, la principal tabacalera nacional, había amenazado reiteradamente con recurrir a esta instancia, e incluso en una entrevista al diario electrónico El Mostrador, su vocero, Luis Fernando Laso había adelantado que su equipo jurídico estaba analizando esta posibilidad. Pero aún no ha recurrido.
De no haber objeciones, y ser aprobada, la norma estará en condiciones de ser promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Dudas sobre aplicación

Pero la puesta en marcha de esta nueva ley ha generado dudas y ha dejado en claro que habrá varios escollos que corregir y otras normas paralelas que crear a fin de hacerla realmente aplicable.
Ello quedó de manifiesto durante un seminario sobre la nueva ley convocado por la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU). A la cita acudieron representantes regionales de la organización, monitores de salud de comunas capitalinas, grupos organizados de jóvenes, expertos, representantes ministeriales y de la sociedad civil. La idea es empoderar a la ciudadanía en este proceso y que ayude en la fiscalización y cumplimiento de la norma. Al abrir el seminario, Omar Pérez Santiago, del área técnica de Odecu, recordó que "las tabacaleras ocultaron información a los consumidores", pues desde los años 50 sabían del daño y adicción que generaba su producto. "Esta ley es un gran paso", señaló.
La doctora Marisol Acuña, ex jefa de la Unidad de Tabaco del Ministerio de Salud y representante de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias hizo un análisis de la ley y señaló que la comunidad no se puede quedar tranquila esperando y debe exigir la promulgación de la ley y su adecuado cumplimiento. "Cuando se promulgue la ley, se producirá un tremendo cambio social. Los no fumadores estarán más empoderados y tendrán que atreverse a hablar y exigir sus derechos. La ley es letra muerta si la comunidad y la gente no la hace cumplir", dijo. No obstante, los asistentes plantearon varias dudas que evidenciaron que la ley tiene temas pendientes que resolver. El primero es la falta de políticas que favorezcan el abandono de la adicción. La norma no garantiza el acceso a drogas o terapias para dejar el cigarrillo. Quedó claro que es el Ministerio de Salud el que deberá reformular sus programas para ayudar al abandono. En España, en pocas semanas de aplicación de la nueva ley, más de 500 mil personas pidieron tratamientos.
Un segundo punto polémico es lo que ocurrirá con aquellos trabajadores de restoranes que deberán atender en zonas para fumadores, los que podrían quedar desprotegidos y exponerse a un riesgo de salud mayor al de otras personas que trabajarán en áreas para no fumadores.
El senador socialista Jaime Naranjo, uno de los promoteres de esta norma, no descartó que se deban desarrollar normativas nuevas para proteger a estos trabajadores. Ello podría ser en sus contratos, otorgándoseles más beneficios o buscando algún tipo de regulación especial como "enfermedad profesional" o en la futura reforma al sistema de pensiones, agregó.
El tercer punto y quizás más grave tiene que ver con la fiscalización de la norma y los medios probatorios. Sebastián Pavlovic, jefe del departamento jurídico del ministerio de Salud, aseguró que efectivamente este tema tiene complejidades que pueden entorpecer el cumplimiento de la ley. Citó por ejemplo el hecho de que habrá que hacer una denuncia ante la autoridad sanitaria o carabineros para luego ir a los ya atochados juzgados. Ello, acompañado de testigos o personal del local donde se infringió la ley. Agregó que la adaptación a esta nueva norma será paulatina y, como hay una evidente carencia de fiscalizadores, el rol de la sociedad civil será clave en este proceso. Aunque esto implique más trabajo para la justicia.
Durante el seminario, el senador Naranjo reconoció que las tabacaleras desplegaron un "enorme lobby" para suavizar la ley y las acusó de ser "maquiavélicas" por considerar a los jóvenes y niños "un ejército de reserva para los que se van a morir en el futuro". Ello, por las fuertes campañas desplegadas para captar jóvenes y niños con avisos en estaciones de Metro, paradas de buses, kioskos o las playas. También señaló que "las tabacaleras han hecho una campaña del terror, absurda", al señalar que habrá un mercado negro cercano a los colegios pues se impedirá la venta a 100 metros. "El niño que quiere fumar cruzará la calle a comprar o le pedirá a un adulto que lo haga", dijo. En todo caso, aseguró que "no podemos ser chiitas, hay que ser tolerante con los fumadores, no perseguirlos ni acusarlos, pero debemos reclamar y exigir el cumplimiento de la ley".

Reconocimientos

Durante el seminario, Odecu destacó el rol jugado por el ex ministro de Salud, Pedro García, quien en abril de 2005 envió al Congreso la nueva ley y lideró su proceso de discusión, que terminó una semana después de abandonar el cargo el 11 de marzo pasado. García no pudo asistir a la actividad.
Otra distinción fue para el autor de este blog, Víctor Hugo Durán. A título personal reitero mi agradecimiento a Odecu y considero que este reconocimiento es un homenaje a todos los periodistas, que, pese a las presiones, queremos crear una sociedad más sana y justa, donde prevalezcan los derechos de los no fumadores y se ayude a los adictos a superar su problema.